La Ley de Segunda Oportunidad para autónomos

El autónomo que liquide su negocio recibirá una quita total y definitiva de “todas sus deudas”. Así lo establece el borrador en el que trabaja el Ministerio de Economía, sobre el “procedimiento de insolvencia para empresarios personas físicas y pymes”, que incorpora la figura de la segunda oportunidad al ordenamiento español.

El Presidente del Gobierno ha anunciado en el Debate del estado de la Nación las líneas generales de esta normativa, que afectan también a los no empresarios:

  • Las personas naturales no empresarias podrán utilizar la figura del “acuerdo extrajudicial de pagos”, un mecanismo simplificado por el cual empresarios y PYMES podían negociar con sus acreedores antes de recurrir al concurso de acreedores. Además, se establecerán reglas de procedimiento especialmente simplificadas para los particulares –plazos de designación, convocatorias de acreedores especialmente reducidos y se reducirán los aranceles notariales y registrales-.
  • El deudor persona natural podrá exonerar las deudas remanentes tras la liquidación de sus bienes, en el marco del procedimiento concursal.
  • Se modificará el marco normativo de los “acuerdos extrajudiciales de pagos” para simplificar su uso.
  • Se revisarán los plazos de prescripción de las reclamaciones de la deuda, que se reducirán a 5 años en el caso general. La regulación actual de los plazos de prescripción se mantiene inalterada desde la primera versión del Código Civil de 1889.
  • Se reformará el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que un mayor número de familias se beneficien de sus medidas. Hasta el momento, este Código ha permitido unas 12.000 reestructuraciones viables de deuda y 3.500 daciones en pago. A partir de ahora, se incluirá una clausula para que este colectivo vulnerable se pueda beneficiar de una inaplicación definitiva de las cláusulas suelo.

Medidas específicas para empresarios personas físicas

La intención del Gobierno es aprobar este procedimiento de insolvencia para personas físicas empresarias a través de un Real Decreto-ley para que entre en vigor en abril. El texto también va a desarrollar el procedimiento concursal del autónomo, en el que se habilita un plan de pagos, y amplía quitas y esperas con Hacienda y la Seguridad Social.

En su Exposición de Motivos, el borrador de este Real Decreto-Ley recuerda que la Ley Concursal ya regula el acuerdo extrajudicial de pagos (Título X), cuyo ámbito de aplicación se extiende a autónomos y pyme, y que las dos reformas, pre y concursal, que ha impulsado Economía en los últimos meses han introducido modificaciones tendentes a asimilarlos a los acuerdos de refinanciación.

Sin embargo, el Gobierno que “adicionalmente, y a la vista del nivel de endeudamiento de autónomos y pyme, parece necesario profundizar en un mecanismo de segunda oportunidad que les permita, de forma eficaz y rápida, una liberación de sus deudas, garantizando la continuidad de su actividad. A la vista de los significativos efectos jurídicos que este mecanismo produciría, es conveniente que se complemente con una serie de medidas tendentes a evitar que su utilización y aplicación se realice en fraude de los acreedores”.

La medida más relevante es la articulación de la denominada segunda oportunidad, para la que se prevé la «quita definitiva de todas las deudas en caso de liquidación» con el fin de «ponerse punto y final a la insolvencia del deudor haciendo una liquidación y/o dación en pago generalizada de sus bienes pero adoptando siempre determinadas cautelas (deudor de buena fe, inexistencia de condenas firmes, colaboración durante el concurso)».

Se trata con ello de limitar el impacto que tiene actualmente el que las deudas de la persona física se arrastren durante toda la vida. A diferencia de la empresa, cuyas deudas mueren con la liquidación, la persona física las mantiene durante 15 años, periodo que el acreedor suele alargar indefinidamente con certificaciones que interrumpen la prescripción.

Se prevé que el procedimiento de insolvencia previo a la liquidación conste de una vía judicial y otra extrajudicial (administrativo o privado), aunque el planteamiento es desjudicializar el procedimiento. Se aplicaría a empresarios personas físicas y pymes con un pasivo inferior a 5 millones de euros y con no más de 20 acreedores.

La iniciación del procedimiento tendría el efecto de la suspensión de las ejecuciones durante el plazo de las negociaciones.

Sobre la afectación al crédito público, es decir, a Hacienda y a la Seguridad Social, Economía se decanta por que les arrastre, al menos en el crédito ordinario, para lo que reformaría los artículos 178 y 242 de la Ley Concursal. El borrador recuerda, como también señalaba el FMI, que en el caso de los deudores personales, un solo acreedor es titular de más del 80% del pasivo, lo cual dificulta el acuerdo y por supuesto el arrastre.

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