El Gobierno bonificará a los transportistas con 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible y dará una ayuda directa al sector de 450 millones

Tras el acuerdo alcanzado hoy, el Gobierno bonificará a los transportistas con 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible, de los que 15 céntimos saldrán del presupuesto público y 5 céntimos serán soportados por los operadores de productos petrolíferos, y que se aplicará a gasóleo, gasolina, gas y adblue.

Esta bonificación supondrá más de 600 millones de euros para el sector del transporte y se estima un ahorro de unos 700 euros por camión al mes y que tendrá una vigencia desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, prorrogable en función de la evolución de los mercados.

Esta medida, junto a las ayudas directas al sector de 450 millones, supondrán una inyección de más de 1.000 millones de euros.

Esta es una de las medidas que el Gobierno ha presentado al sector del transporte por carretera dentro del plan de ayudas inmediatas para paliar las consecuencias del conflicto en Ucrania, las cuales persiguen:

  • Reducir de manera inmediata el precio de los combustibles usados por los transportistas.
  • Apoyar de forma rápida y decidida a las empresas del sector, incluyendo líneas de ayuda directa y mecanismos que garanticen la liquidez de las mismas.
  • Garantizar la protección social para los autónomos
  • Reequilibrar las asimetrías existentes entre los actores del sector del transporte de mercancías por carretera, para mejorar la posición y competitividad de este sector

Dentro del primer grupo de medidas se incluye la citada bonificación al combustible que recibirán las empresas de transporte y cuyo acuerdo incluye la previsión de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ejerza un seguimiento de su implantación.

Dentro del segundo grupo, se encuentran las siguientes medidas:

  • Ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros en función del tipo de vehículo. La cuantía será 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias).
  • Se incluirá una ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años, y una ampliación del período de carencia de los créditos avalados por el ICO de 6 meses, como medida de aplicación inmediata.
  • Se establecerá una nueva línea de créditos al sector avalados por el ICO con 12 meses de carencia.
  • Se establecerá la devolución mensual del combustible profesional desde abril, frente al período trimestral vigente actualmente, y puesta en marcha de un sistema de devolución anticipada mensual con regularización anual.

Dentro del conjunto de medidas sociales, dirigidas a garantizar la protección social para los autónomos, se duplicará la dotación presupuestaria de las ayudas al abandono a la profesión de transportista, al pasar de 10 a 20 millones de euros en 2022.

En este sentido, el sector del transporte por carretera se caracteriza por la existencia de un número importante de profesionales de edad elevada para este tipo de trabajo, con carencia de recursos para el abandono de la actividad antes de cumplir 65 años. Esta situación supone una incidencia social para la que el Ministerio destina una importante partida presupuestaria, con ayudas por autónomo de 30.000 euros y que, gracias al acuerdo alcanzado, duplicará dichas cuantías para ayudar así a un mayor número de autónomos a poder afrontar el abandono de la actividad.

Y finalmente, dentro del conjunto de medidas dirigidas para reequilibrar las asimetrías existentes entre los actores del sector del transporte de mercancías por carretera, y así mejorar la posición y competitividad de este sector, se ha acordado acelerar uno de los compromisos adoptado el pasado mes de diciembre, de tal forma que antes del 31 de julio, Mitma presentará al CNTC un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria, para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector para, posteriormente, presentarlo al Consejo de Ministros.

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