Responsabilidades y riesgos a la hora de administrar una sociedad mercantil

Es frecuente escuchar, sobre todo cuando se constituyen nuevas empresas, que es mejor ser una sociedad limitada que una empresa individual, ya que de esa manera se eliminan los riesgos sobre el patrimonio propio que asumen estos últimos ante deudas y otras circunstancias.

Sin embargo, esta afirmación no es del todo cierta, por lo que en este artículo repasaremos las responsabilidades de la persona administradora de una sociedad y cómo se debe proceder para minimizar esos posibles riesgos.

¿Qué es un administrador o administradora societaria?

Antes de nada, empezaremos comprendiendo este término. La Ley de Sociedades de Capital establece que todas las organizaciones deben contar con un órgano de administración que se encargue de su gestión, tanto si está formado por una sola persona (administrador/a único/a) o por varias (administradores/as solidarios/as). Además, es habitual en muchas microempresas que todas las personas socias asuman el papel de administradoras porque consideran que así controlan mejor el funcionamiento de la empresa.

Ser administrador/a supone ser una representación de la empresa y, por tanto, actuar en su nombre en todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de sus fines sociales, desde contratar o despedir personas empleadas hasta firmar contratos con terceros.

Como contrapartida (y según los estatutos de la sociedad) esta responsabilidad de administración en las pequeñas empresas suele llevarse a cabo sin ningún tipo de remuneración a cambio. Por ello, ante cualquier problema, la persona administradora está obligada a responder frente a los socios y socias y acreedores de la compañía con su patrimonio por actos contrarios a la ley, los estatutos o a sus funciones. Igualmente, el Código Penal incluye otras consecuencias derivadas para este cargo.

 

Obligaciones de la persona administradora

La Ley de Sociedades de Capital señala que los deberes exigibles a la persona administradora tienen que ver con la diligencia, la vigilancia, la información, la lealtad y el ejercicio efectivo del cargo. Dicho de otro modo, esta persona debe velar por el buen funcionamiento de una sociedad y ejercer con profesionalidad su administración. En caso contrario, tiene que saber de su responsabilidad cuando por acción u omisión se genera un daño como fruto de un acto intencionado o negligente.

Esto último no indica que se le puedan exigir responsabilidades a la persona administradora por cualquier decisión errónea o equivocada, pero sí el cumplimiento de las leyes y de los estatutos de la sociedad y el ejercicio de sus funciones con diligencia. En caso de no hacerlo, la persona administradora se enfrenta a dos ámbitos de responsabilidad:

  • Internamente. Ante otros socios y socias o la propiedad de la empresa.
  • Externamente. Ante terceras personas o instituciones interesadas en la empresa, como pueden ser acreedores, la Hacienda o la Seguridad Social.

 

¿Cuáles son las principales responsabilidades y riesgos de una persona administradora?

1. Responsabilidad Civil y Penal

Las personas administradoras responderán frente a la sociedad, frente a los socios y socias, y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.

Por tanto, esta persona responderá por sus actos frente a terceros en caso de realizar actos contrarios a la ley o incumpla los deberes inherentes de su cargo. Pueden acabar siendo responsables últimos ante la administración tributaria, otros socios y socias, y acreedores. El no cumplimiento de estos deberes puede conllevar que la persona administradora pueda tener que indemnizar el daño causado al patrimonio social con sus bienes propios, y devolver a la sociedad el daño patrimonial causado, tanto a esta misma como a los socios y socias o terceras partes.

El Código Penal establece que es deber de las personas administradoras adoptar y ejecutar modelos eficaces de control para evitar delitos penales. Así, la ley prevé consecuencias penales para determinadas conductas de estas personas, como la apropiación indebida, el alzamiento de bienes, el falseamiento de las cuentas o las insolvencias punibles.

2. Responsabilidad fiscal

Hacienda, ante una conducta no diligente en materia tributaria, puede llegar a reclamar las deudas fiscales de la empresa a la persona administradora en lo que se llama “derivación de responsabilidad de deudas”, cuando la empresa no ha pagado los tributos, y puede acabar con el embargo de bienes de esa persona.

Primero, se intentará cobrar del responsable principal (la sociedad), y sólo en el caso de que resulte imposible se puede perseguir a quien detenga la responsabilidad subsidiaria (la persona administradora). Es decir, Hacienda intentará ampliar la responsabilidad de la persona administradora y reclamarle la deuda si la sociedad no puede hacer frente a la misma por no tener suficientes bienes o estar disuelta en ese momento. Por tanto, la responsabilidad de dicha persona puede hacerle responder con su patrimonio personal de deudas de la sociedad que administra.

3. Responsabilidad en materia laboral y de Seguridad Social

Como persona administradora se es responsable en los casos de impago de las cotizaciones sociales y recargos. Al igual que ocurre con las actuaciones que emprende Hacienda, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) puede acudir directamente contra dicha persona cuando se produce un impago de las cotizaciones sociales y recargos, entre otros aspectos.

4. Responsabilidad Mercantil y Concursal

Esta responsabilidad se deriva del hecho de que, ante un concurso de acreedores, se califique como culpable del mismo a las personas administradoras y éstas sean condenadas a pagar a acreedores, total o parcialmente, el importe de sus créditos no percibidos en la liquidación de la masa activa de la sociedad.

Si las cosas no van bien y la sociedad se ve abocada a un concurso o liquidación, las partes implicadas (acreedores, administración concursal, jueces y juezas, etc.) van a analizar con detalle las actuaciones de las personas administradoras, para evaluar su responsabilidad en la mala situación de la empresa.

Por ello, es fundamental que la persona administradora cumpla de forma estricta sus obligaciones formales (es fundamental un buen asesoramiento) y pueda justificar que las decisiones que han llevado a la sociedad a una situación de insolvencia no han supuesto un beneficio personal para ella, ni han sido aleatorias o inconscientes.

5. Responsabilidad en materia medioambiental, de propiedad intelectual e industrial, protección de datos, daños informáticos, etc.

Hay que tener en cuenta que la responsabilidad penal de la sociedad puede ser exigible respecto de delitos medioambientales, contra la propiedad intelectual o industrial, incumplimientos de la normativa de protección de datos, daños informáticos, etc.

 

En resumen, si la persona que administra la sociedad no actúa diligentemente, se enfrenta a los siguientes tipos de responsabilidades:

  • Civiles. La persona administradora y la propia empresa son responsables solidarias, por ejemplo, ante cualquier impago.
  • Penales. Por estafa, por alzamiento de bienes o por otros delitos, la persona administradora puede recibir sanciones o incluso pena de cárcel.
  • Laborales y mercantiles. Entre las responsabilidades de la persona administradora de una sociedad también se encuentran los pagos a la Seguridad Social y la buena marcha de la empresa. Si se demuestra que el concurso de acreedores que aboca al cierre es la consecuencia, por ejemplo, de una mala gestión de las finanzas, la persona administradora es la responsable.
  • Fiscales. Al igual que ocurre con el cumplimiento de las obligaciones en materia de cotizaciones sociales, las deudas tributarias de la empresa pueden ser exigidas a la persona administradora.
  • Societarias. La persona administradora tiene que rendir cuentas sobre todos sus actos ante socios y socias.

 

¿Cómo protegerse de estos riesgos?

Hay varios elementos que pueden ayudar a las personas administradoras a protegerse de situaciones indeseadas que pongan en peligro su patrimonio:

1. Pacto de socios

A través de los llamados pactos de socios puede establecerse y regular la forma de adoptar decisiones y las limitaciones a la figura de la persona administradora, de forma que ésta no se haga cargo personalmente del impacto de dichas decisiones.

2. Separación de bienes

Tal y como hemos visto, cuando alguien es nombrado administrador o administradora única, tiene que asumir que, en caso de problemas, puede llegar a tener que responder con sus bienes presentes y futuros, por lo que es importante que, antes de asumir el cargo, proteja su patrimonio personal y familiar. Para las situaciones de mayor riesgo, uno de los mecanismos más habituales hasta ahora era hacer separación de bienes con la máxima anticipación posible para evitar caer en situaciones de alzamiento de bienes.

3. Compliance

En la actualidad, la ley permite eximir de responsabilidad penal a las empresas y a las personas administradoras de la misma que establezcan un plan de prevención de delitos o de compliance penal. Esta exención es consecuencia de la extensión de la responsabilidad penal a las sociedades y exige por parte de las mismas un seguimiento y una constancia en el cumplimiento de las medidas previstas.

4. Seguros de responsabilidad civil D&O para administradores y directivos

Es una modalidad de seguro de Responsabilidad Civil que las personas administradoras y directivas de la sociedad pueden contratar. Esta garantiza que tendrán protección ante posibles hechos que dependan de su responsabilidad.

Tal y como hemos visto, las personas administradoras (o directivas) de una empresa corren el riesgo de enfrentarse a responder con su propio patrimonio (de forma solidaria e ilimitada) ante el pago de una indemnización por daños y perjuicios a terceros. Esto es debido a la Ley de Sociedades de Capital y al Código Penal, que aplican la responsabilidad penal de las acciones de una empresa a las personas directivas o administradoras de la misma.

Un seguro D&O (Directors and Officers por sus siglas en inglés) puede responder cubriendo esa Responsabilidad Civil cuando esas personas administradoras y directivas sean legalmente responsables de esos daños y perjuicios durante el ejercicio de sus funciones, en ámbitos como:

  • Negligencias en la prevención de riesgos laborales.
  • Reclamaciones en materia laboral por parte de la autoridad o de la propia persona trabajadora.
  • Negligencias en la contratación de servicios externos.
  • Reclamaciones medioambientales.
  • Negligencias en la firma de contratos.
  • Incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
  • Reclamaciones por parte de la Seguridad Social.
  • Reclamaciones por parte de Hacienda.

Te lo explicamos en este vídeo.

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