Restricciones a la instalación de cámaras de vídeo vigilancia en el trabajo

Una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la cuestión de la colocación de cámaras de vigilancia en los lugares de trabajo limita la legalidad de su uso.

Conforme a los artículos 33 y 38 de la Constitución española relativos a la defensa de la libertad de empresa y de la productividad, y a lo establecido en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores sobre el poder de dirección empresarial, las empresas tienen derecho a vigilar y controlar el correcto cumplimiento y desarrollo de la actividad laboral, utilizando para ello, si resulta necesario, sistemas de videovigilancia.

Los hechos de una reciente sentencia dictada el pasado 9 de enero por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fueron los siguientes: las demandantes era unas cajeras de una cadena de supermercados. La empresa, observando como las cifras de stock y las de facturación no cuadraban, decide instalar unas cámaras para controlar la actividad de las trabajadoras. De la instalación de algunas de estas cámaras fueron informadas las demandantes y sus representantes, tal y como exige la normativa de protección de datos.  Además de estos dispositivos, se colocaron algunas otras cámaras ocultas que no fueron comunicadas a las trabajadoras. De las distintas grabaciones, se pudo comprobar como las cajeras no solo permitían y ayudaban a los clientes a salir del local con los carros llenos de productos sin pagar, sino que también lo hacían ellas. Ante tales hechos, la empresa procedió al despido disciplinario de todas las empleadas involucradas en los hechos descriptos. En desacuerdo con esta decisión, deciden recurrir en la jurisdicción social, siendo declarados procedentes por el Juzgado de lo Social, y ratificados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Desestimados posteriormente los recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, las trabajadoras despedidas presentan recurso ante el TEDH, invocando que la instalación de las cámaras vulneró el artículo 8 (derecho al respecto de la vida privada y familiar) de la Convención Europea de Derechos Humanos y el artículo 6 (derecho a un proceso justo) del mismo texto jurídico.

Respecto a la posible violación del derecho a la protección de la vida privada, la legislación española impone informar con claridad a las personas involucradas sobre el almacenamiento y el tratamiento de datos personales. Los jueces de lo Social entendieron que estaba justificado el accionar de la empresa, toda vez que había sospechas más que fundadas de los hurtos que se venían reiterando en el local.

Por el contrario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos difiere de esta interpretación. Parte del análisis que las imágenes de los trabajadores deben considerarse un dato personal, regulado en la normativa de protección de datos personales. Seguidamente, estima que la empresa no cumplió con las disposiciones de la legislación de protección de datos, considerando que la instalación de cámaras ocultas no fue proporcionada, poniendo énfasis en que las grabaciones eran indiscriminadas y de forma permanente, destacando que los trabajadores tienen derecho a “ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco” sobre la captación de sus imágenes en las cajas del supermercado.

Lo fundamental de esta sentencia es que el TEDH entiende que la empresa no cumplió de forma adecuada con el deber de información personal a los trabajadores y a la representación sindical, incumpliendo la normativa de protección de datos personales, debiendo la empresa informar previamente de forma expresa, precisa e inequívoca de la existencia de las distintas cámaras y de su lugar de ubicación.

 

 

 

 

 

 

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