Más cerca la obligación de relacionarse sólo de manera electrónica con las diferentes Administraciones

El 3 de octubre entró en vigor la Ley del Procedimiento Administrativo que modifica aspectos importantes en la relación de empresas y particulares con los diferentes organismos públicos.

La principal novedad consiste en la sustitución del proceso de envío postal (hasta tres intentos para la entrega de un documento a través de Correos) por un aviso electrónico a una dirección de e-mail o un dispositivo móvil.

Así, a partir de ahora las multas u otras comunicaciones no acabarán olvidadas en una oficina de Correos, ya que cuando la Administración tenga que notificarle cualquier acto administrativo, multas, requerimientos, etc. le enviará un mensaje a su correo electrónico o a otro dispositivo móvil (teléfono) que usted elija con un enlace para que usted pueda acceder a la notificación.

Esta opción se empleará siempre de manera prioritaria, aunque el interesado no haya expresado su preferencia. De hecho, el documento se podrá descargar electrónicamente y no será necesario desplazarse.

El fin último de este nuevo procedimiento es agilizar las notificaciones. Por ejemplo, actualmente cuando una Administración quiere comunicar una sanción o una multa o una citación a un ciudadano tiene que hacerlo presencialmente a través de una carta entregada por un cartero. Si este no localiza al destinatario tiene que intentarlo tres días después y si no logra entregar la carta, el ciudadano tiene que desplazarse a la oficina de Correos para recoger la certificación.

Más actuaciones

La nueva norma de procedimiento común también amplía el número de actuaciones a realizar mediante medios electrónicos y el de colectivos obligados a relacionarse a través de esta vía con las Administraciones.

Así, también se hace extensible a personas jurídicas, incluidas pymes, y a autónomos ciertos trámites, ya que esta Ley generaliza a cualquier tipo de procedimiento y trámite administrativo la obligación que hasta ahora tenían esencialmente empresas de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Así, de manera progresiva a medida que se adapten los canales necesarios para ello, todos los trámites administrativos (por ejemplo: el pago de un impuesto, dar de alta o de baja trabajadores en la Seguridad Social, la solicitud de licencias comerciales, licencias urbanísticas, solicitud de subvenciones, o presentación de declaraciones responsables para iniciar una actividad económica) ya sea con el Estado, la Comunidad Autónoma, las Diputación o el Ayuntamiento, se podrán realizar únicamente de forma electrónica.

Se amplía el grupo de afectados

La norma prevé amplía el grupo de sujetos obligados a relacionarse telemáticamente con la Administración, una solución que les proporcionará importantes ahorros en la gestión. Así, además de las personas jurídicas (como la sociedad limitada o la cooperativa) o las entidades sin personalidad jurídica (como comunidades de bienes y sociedades civiles), los profesionales cuya actividad requiera una colegiación obligatoria o los que representen a un interesado (procuradores, por ejemplo) tendrán que registrar sus comunicaciones con la Administración vía electrónica.

Asimismo, la Ley deja abierta la puerta a las personas físicas (los empresarios individuales, también llamados de manera coloquial autónomos) cuando establece que, reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Por último, la norma también contempla la reducción de cargas administrativas para ciudadanos y empresas. Se eliminan trámites hasta ahora obligatorios. Así no se exigirá con carácter general la presentación de documentos originales (como títulos académicos), no será necesario presentar documentos que ya hayan sido aportados previamente ante cualquier Administración y no será necesario aportar documentos que hayan sido elaborados por las propias Administraciones (como copias del DNI o certificados de empadronamiento).

Con esta ley, el Gobierno pretende dar un empujón a la administración electrónica, agilizar los trámites en los engorrosos procedimientos con las entidades públicas y favorecer ahorros tanto para la propia administración como para los ciudadanos.

 

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