Vender a la administración: obligación de inscripción en registro oficial de licitadores

Muchos autónomos y pequeñas empresas suelen presentarse a las licitaciones y concursos que convocan ayuntamientos, diputaciones y gobiernos para proveerse de servicios y productos, o para ejecutar obras y mantenimientos de instalaciones. Si ya es así o tienes pensado hacerlo, este artículo te interesa.

El pasado 9 de septiembre la nueva Ley de Contratos del Sector Público cumplía seis meses de vigencia, lo que ha introducido una nueva obligación para las empresas. Así, de manera general, éstas deben estar inscritas de forma obligatoria en el Registro Oficial de Licitadores si se quiere competir en uno de los procedimientos convocados con más frecuencia por los poderes públicos de contratación: el abierto simplificado. No obstante, para los contratos celebrados con organismos públicos de Euskadi y Navarra, este requisito es algo diferente, como veremos algo más adelante.

Características

El procedimiento abierto simplificado puede ser utilizado por la administración contratante para los contratos de obras, servicios y suministros cuando se cumplan dos condiciones:

  • Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros.
  • Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 25%del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 45% del total.

El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación, mientras que en los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días. No obstante, en los contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros, la administración contratante puede reducir los plazos: así, el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante y cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de 5 días hábiles.

Este procedimiento abierto simplificado de contratación, recogido en el artículo 159 de la Ley, nace con la finalidad de simplificar trámites y agilizar las licitaciones de contratos públicos, mediante medidas como el establecimiento de criterios de evaluación automática en la mayoría de los casos, eliminación de la garantía provisional, oferta realizada, casi siempre, en un único sobre, etc. Además, al estar limitada su cuantía. No es posible acudir al recurso especial en materia de contratación, por lo que se evita la suspensión automática de la adjudicación que supondría interponer dicho recurso. Por todo ello, es previsible que se convierta en el mecanismo más usado por los diferentes órganos de contratación (ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos, etc.).

El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación, donde deberá estar disponible desde el día de la publicación del anuncio toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta.

Obligatoriedad de inscripción en Registro Oficial

No obstante, de entre las medidas destinadas a agilizar el procedimiento, se establece la obligación por parte de todos los empresarios que quieran participar en el mismo de estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, de ámbito estatal o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, cuando proceda. Así, el artículo 96 de la Ley señala que la inscripción en el Registro de Licitadores de una Comunidad Autónoma será válida a efectos de la contratación con la misma, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes entes, organismos o entidades del sector público dependientes de una y otras.

Esta obligación se ha iniciado una vez ha transcurrido el plazo transitorio de 6 meses desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público.

La Ley exige que la empresa licitadora cuente con esa inscripción a la fecha final de presentación de las ofertas, siempre que no se vea limitada la concurrencia, es decir, si dicha exigencia puede suponer una clara limitación a la posibilidad de licitar. Este matiz es una cautela que introdujo la Ley ante el riesgo que a partir del 9 de septiembre muchos empresarios quedaran excluidos del procedimiento por no cumplir el requisito de inscripción, habiendo solicitado la misma, pero sin que el Registro haya resuelto aún su solicitud.

Entre las ventajas que aporta al empresario la inscripción es la eliminación de la presentación y examen de numerosos documentos, ya que mediante dicha inscripción se acreditan ya aspectos como la personalidad jurídica o física del empresario, si cuenta con capacidad para licitar, la solvencia técnica y económica, la disposición de posibles habilitaciones o títulos como profesional o empresa especializada, etc.

Así, la simple aportación al procedimiento de un certificado del registro de licitadores, obtenido telemáticamente, es suficiente para acreditar los anteriores datos.

Euskadi

Además del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, de carácter estatal, en la Comunidad Autónoma de Euskadi es posible inscribirse en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas para las licitaciones en el ámbito vasco. Este Registro incluso permite, mediante una habilitación temporal, licitar electrónicamente a través de la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi a un único expediente, sin encontrarse inscrito en el Registro.

Asimismo, las diputaciones forales pueden contar con un registro específico para aquellas empresas que pretenden contratar con los distintos órganos de la Administración Foral, como es el caso de la Diputación de Bizkaia.

Navarra

La Comunidad Foral de Navarra cuenta con normativa propia, la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos de Navarra, la cual entró en vigor el pasado 7 de Mayo, y que plantea un funcionamiento diferente al de las contrataciones vascas y estatales. Esta norma recoge que, para los contratos con las administraciones públicas navarras, la documentación administrativa (la habitual del denominado Sobre A) es sustituida en todo caso por una declaración responsable. Sólo la empresa propuesta adjudicataria deberá presentar toda la documentación administrativa (escrituras, poderes, acreditación de la solvencia, etc.).

Así, en Navarra, el Registro autonómico es voluntario y limitado a unas determinadas formas jurídicas. Así, en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra pueden inscribirse únicamente sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales, las cuales tengan interés en concurrir a licitaciones convocadas por las Administraciones Públicas de Navarra y las demás entidades sujetas a la Ley de Contratos Públicos de Navarra.

Otro aspecto novedoso de esta Ley es la creación de la Plataforma de licitación electrónica de Navarra para la presentación obligatoria de ofertas, que pasará a ser obligatoria a partir del 18 de octubre de 2018, sin perjuicio de que pueda emplearse antes si la plataforma estuviera plenamente operativa.

 

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