LAS GARANTÍAS EN LA COMPRAVENTA DE BIENES ENTRE EMPRESAS

Una consulta que con frecuencia nos hacen en el servicio gratuito de asesoramiento Consulting PRO, tiene que ver con las garantías que tienen los bienes que adquieren las empresas y profesionales para incorporarlos a su estructura organizativa o bien, a su proceso productivo.

La consulta habitual que se hace es la siguiente: cuando adquiero una maquinaria o una herramienta para mi empresa, ¿cuál es la garantía que tiene el bien en caso de desperfectos o de faltas de conformidad del producto?

En este breve artículo intentaremos aclarar la cuestión.

Si quien adquiere el bien es una persona y lo hace a título de consumidor final, la garantía aplicable es la que señala la Ley 23/2003, de Garantías en la Venta de bienes de consumo, que establece una garantía mínima legal de dos años de duración para bienes nuevos.

En este caso, el vendedor deberá responder por las faltas de conformidad del producto que se manifiesten en un plazo de dos años desde su entrega. En el supuesto que se trate de un bien de segunda mano, establece la citada Ley, que vendedor y consumidor podrán pactar un plazo menor, que no podrá ser inferior a un año desde su entrega.

Ahora bien, que pasa con la garantía cuando quien adquiere el bien es un trabajador por cuenta propia o una sociedad: ¿es posible hablar de consumidores en estos casos y aplicar la normativa de la Ley de Garantías en la Venta de bienes de consumo?

La respuesta a esta interrogante lleva a determinar que se entiende por consumidor.

El concepto de consumidor lo encontramos en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, que indica que son consumidores o usuarios “las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial”.

Por tanto, y conforme la definición legal de consumidor antes señalada, lo relevante para determinar si quien compra un bien tiene o no derecho a la garantía legal que protege a los consumidores, no es analizar si el comprador del bien es una persona física o una persona jurídica, sino que lo esencial será saber si el comprador es o no un consumidor final del producto o bien adquirido.

Bajo estas consideraciones, puede sostenerse que cuando una empresa adquiere un bien como destinatario final, sin que dicho bien se incorpore a su proceso productivo regirá el plazo de garantía de dos años.

Mientras que cuando los bienes o servicios se adquieren con la finalidad de integrarlos en sus procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a un tercero, no se tendrá la consideración de consumidor y el régimen de garantías por defectos del bien o producto se regirá por las disposiciones del Código civil, previstas en los artículos 1484 y siguientes.

Resumidamente, y en el caso de este último supuesto, el comprador del bien podrá optar por el desistimiento del contrato, abonándosele los gastos que pagó, o tendrá derecho a exigirle al vendedor una rebaja proporcional del precio, a juicio de peritos. Si además, el vendedor del bien actúa de mala fe, porque era conocedor de los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, quedará obligado a indemnizar los daños y perjuicios causados, en caso que el comprador optare por la rescisión del contrato. Conforme al artículo 1490 del Código civil el plazo para ejercer estas acciones es de seis meses, a contar desde la entrega de la cosa vendida.

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